Vía La República en Chimborazo: dueños pelean por los terrenos
La vía La República en Chimborazo es motivo de disputa entre los dueños de los terrenos concesionados para la obra. La Policía intervino.
El 25 de septiembre del 2024, la Policía de Guano tuvo que acudir al redondel de la vía La República para resolver los disturbios que ocasionaron los dueños de los predios.
La vía La República se inauguró el 18 de enero del 2021. Con 6,34 km de asfalto, fue una de las obras más importantes del periodo del exprefecto Juan Pablo Cruz.
Sin embargo, los terrenos en los que fue construida, no se habrían expropiado de manera correcta. Lo que provocó que, los representantes de los 20 socios fundadores ejercieran acciones legales en contra de la Prefectura de Chimborazo.
Según versiones de los abogados, el 30 de septiembre se realizaría una inspección judicial en dicho predio para corroborar que son propiedad de los denunciantes.
La disputa se originó porque maquinaria privada se encontraba realizando trabajos de limpieza en los terrenos que se encuentran en disputa. Lo que ocasionó que todos los presuntos dueños se concentraran en el redondel de la vía.
Personas reclaman los terrenos de la vía la República
Es así que, Patricia Cajamarca, apoderada de Rosa Altamirano, una de las fundadoras de la extinta cooperativa de vivienda La Florida, disuelta en 2012; denunció que los abogados intentarían apropiarse de los terrenos de manera fraudulenta.
Según Cajamarca, los denunciados han iniciado un juicio de amparo posesorio contra el Consejo Provincial, exigiendo una indemnización por la apertura de la Vía de la República.
Sin embargo, Cajamarca sostiene que la intensión real detrás de estas acciones es el intento de apropiarse de los terrenos de manera ilegítima.
Con documentos falsos y de forma abusiva, Moreno y Castillo pretenden adueñarse de estos predios, aprovechando el litigio en curso.
Patricia Cajamarca, denunciante
La dirigente asegura que quienes actualmente poseen los terrenos cuentan con cerramientos, alambrado y la documentación necesaria que avala su posesión.
Estamos esperando la intervención de las autoridades porque estas personas han venido con palos y piedras, acompañados de personas desconocidas, en un claro intento de invadir propiedad privada.
Patricia Cajamarca, denuncinte.
Según Cajamarca, los denunciados, quienes eran parte de la dirigencia de la cooperativa antes de su liquidación, presuntamente han vendido lotes de manera fraudulenta y continúan con prácticas que ella califica como «tráfico de tierras».
Han creado una nueva cooperativa con un nombre similar, engañando a más personas para obtener beneficios económicos.
Patricia Cajamarca, denunciante.
A su vez, Cajamarca advirtió que los intentos de posesión por parte de Moreno y Castillo (abogados) buscarían influir en dicho peritaje, con el fin de engañar a las autoridades y fortalecer su posición en el litigio.
Este es un claro caso de fraude procesal y tráfico de tierras. No permitiremos que personas con intereses oscuros violenten nuestros derechos y las leyes.
Patricia Cajamarca, denunciante.
Sin embargo, al consultarle sobre las escrituras que avalan la propiedad de los terrenos, manifestó que las escrituras le pertenecen a una cooperativa La Florida y que recién están en proceso de legalización.
Conflicto en las dos partes
Ante las acusaciones, conversamos con Joel Castillo, abogado de la cooperativa La Florida, quien comentó que las personas solo se reunieron para limpiar el terreno.
A diferencia de los defendidos de Cajamarca y de su abogado Pablo Aquilino Ávalos, quienes no contarían con documentación que los avale como propietarios.
Ella dice que tiene documentos habilitantes, pero al estar frente a la policía se les solicitó la documentación y no la presentaron. A diferencia de nosotros que tenemos escritura pública, pagos al día del predio que establece la propiedad.
Joel Castillo, abogado de la cooperativa La Florida.
De la misma manera, Jorge Moreno, presidente de la cooperativa, afirmó que no habría ningún conflicto, que solo son personas que se atribuyen propiedas sin ser miembros de la organización.
Ante los disturbios, la policía de Guano intervino en el lugar para despejar el área y levantar un informe policial de lo acontecido. Minutos más tarde, llegó Carlos Gavillema, comisario de del cantón para aclarar que ninguno de los dos bandos podían seguir en el predio.
De modo que, la obra quedó suspendida y la maquinaria se retiró del lugar, hasta que por orden del comisario las partes implicadas se acerquen al municipio de Guano.
