Prefectura Chimborazo acusa de perjuicio económico a exprefectos
Prefectura de Chimborazo, encabezada por Hermel Tayupanda, acusó de perjuicio económico a los exprefectos Mariano Curicama y Juan Pablo Cruz.
El 2 de septiembre, ex funcionarios de la administración 2017-2021 de la Prefectura salieron a contrastar las acusaciones emitidas por actual gestión. Además hicieron un llamado para terminar obras inconclusas.
Esto se debe a que, funcionarios de la Prefectura encabezada por Hermel Tayupanda, realizó una rueda de prensa el viernes 30 de agosto donde reveló un supuesto perjuicio económico por parte de administraciones anteriores.
En la reunión, se dio a conocer que la institución enfrenta 28 procesos judiciales que podrían significar un perjuicio económico de aproximadamente USD 1.3 millones.
Funcionarios de la Prefectura de Chimborazo lanzan acusaciones
Carlos Villacrés, asesor jurídico de la Prefectura expuso el 30 de agosto la demanda del exfuncionario Newton Mestanza, quien pide una indemnización de USD 200 mil y su reintegro a la institución, tras haber renunciado irrevocablemente en 2017.
Esto se debe a que en la administración de Mariano Curicama, no se habría cumplido con los procedimientos legales al aceptar su renuncia, lo que ha llevado a la actual Prefectura a enfrentar este litigio.
Mientras que, Alejandro Pérez también expuso un caso relacionado con la compra de renuncias obligatorias en 2020, durante la administración de Cruz.
Este proceso, que involucró a 17 funcionarios, según el funcionario podría costarle a la Prefectura USD 2 millones en reparaciones económicas, debido a la falta de cumplimiento del debido proceso.
De tal manera que, Sebastián López, asesor de la Prefectura, anunció que la administración actual iniciará acciones de repetición contra los exfuncionarios responsables de estos perjuicios.
Son cientos de miles por nos decir millones de dólares mal gastados y que estamos reparando por acciones u omisiones de administraciones de Mariano Curicama y Juan Pablo Cruz.
Sebastián López, director de relaciones internacionales, inversiones y financiamiento.
En contraste, Robert Ríos, exfuncionario de la Prefectura, acompañado de otros técnicos y funcionarios, desmintió las acusaciones y ofreció detalles sobre la gestión de la administración 2019-2023, liderada por Juan Pablo Cruz.
Ríos señaló que las afirmaciones que mencionan «miles de millones de dólares» en perjuicios son infundadas y carecen de contexto.
Explicó que el presupuesto anual de la Prefectura, transferido por el Estado, oscila entre 25 y 27 millones de dólares, lo que contrasta significativamente con las cifras mencionadas en las acusaciones.
Además, detalló que durante la administración de Cruz, la pandemia redujo el presupuesto en USD 6 millones, lo que afectó la capacidad de gestión.
Ex funcionarios responden las acusaciones de anticipos
A su vez, Luis Gómez, coordinador de talento humano, denunció que durante los últimos meses de la gestión de Cruz, se otorgaron anticipos de sueldo por un total de USD 449,735 a 119 funcionarios, muchos de los cuales no han devuelto los fondos.
Gómez señaló que se están tomando medidas para recuperar estos recursos a través de procesos legales.
Respecto a las acusaciones sobre anticipos de sueldos a funcionarios, Ríos citó la Ley Orgánica de Regulación de la Administración Pública (LOCEP), aclarando que es la dirección financiera, no el prefecto, la que autoriza estos anticipos.
Además, presentó evidencia de que dichos anticipos fueron debidamente cancelados y registrados en informes de gestión. Ríos subrayó que si algunos proyectos no se han concluido, es responsabilidad de la actual administración.
Finalmente, se hizo un llamado a que cualquier denuncia sea respaldada con documentos y presentada ante los organismos de control competentes, como la Contraloría y la Fiscalía, para garantizar una gestión pública transparente y responsable.
