Metástasis:Terán y Policía de Chimborazo sentenciados a 9 años
Caso Metástasis: Wilman Terán y Polícia de Chimborazo Armando R. sentenciado a 9 años de prisión junto con otros 18 procesados
Este 25 de noviembre de 2024, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidido por la jueza Mercedes Caicedo, emitió la sentencia unánime sobre el Caso Metástasis.
Tras más de 28 días de juicio, se dictaron penas contra 21 personas vinculadas a una red de corrupción judicial.
Destacando figuras como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
Así como el policía Armando Ruiz supuesto lavador de Leandro Norero.
El caso expuso una compleja estructura de delincuencia organizada que operaba dentro de las instituciones del Estado, en beneficio del narcotraficante Leandro Norero.
La Sentencia de Wilman Terán y Otros Involucrados en la Corrupción Judicial
La jueza Caicedo explicó que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la existencia de una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales, abogados, y funcionarios públicos.
Las pruebas documentales, incluidos mensajes de Leandro Norero y testimonios de excompañeros de celda, confirmaron las relaciones ilegales entre los procesados y el narcotraficante.
Según el fallo, Terán y Ramírez participaron activamente en la red de sobornos y tráfico de influencias, beneficiando a Norero mientras estaba preso en la Cárcel de Cotopaxi.
El caso se enfocó en la delincuencia organizada dentro del sistema judicial, en la que varios de los acusados ayudaban a Norero a obtener favores judiciales a cambio de pagos ilícitos.
A través de pruebas, los jueces establecieron que estas acciones perjudicaron gravemente la integridad del sistema judicial ecuatoriano.
Implicados Clave en el Caso Metástasis: Terán, Ramírez y Otros Procesados
Wilman Terán fue señalado como uno de los principales actores en el esquema de corrupción.
La jueza Caicedo detalló que Terán, al ser presidente de la Judicatura, facilitó decisiones judiciales a favor de Norero.
Además, se identificó a Pablo Ramírez, quien, según las pruebas, habría solicitado un soborno de 200.000 dólares para otorgar beneficios penitenciarios a Norero.
El tribunal también mencionó a otros procesados como Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación Carcelaria, quien actuó como intermediaria entre Norero y Ramírez.
A pesar de las defensas, que argumentaron la falta de pruebas, los jueces consideraron que la evidencia era suficiente para probar la existencia de delincuencia organizada.
