En qué mismo quedamos
La publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica Urgente para la Mejora Recaudatoria a Través del Combate al Lavado de Activos, conocida como ley antipillos, ha causado revuelo en las esferas de la Asamblea Nacional.
Al punto que su presidenta ha solicitado una medida cautelar para suspender la aplicación del mencionado cuerpo legal, además de pedir a la Corte Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de esta ley por considerarla atentatoria a la economía de los ecuatorianos.
Es aquí donde empieza una pugna más entre el Ejecutivo y Legislativo.
El presidente envía un proyecto de ley urgente para que conozca y tramite la Asamblea, pero el Legislativo, en un solo debate, decide enviarlo al archivo y no dar trámite al pedido.
Esto contradice el artículo 137 de la Carta Magna, que dice textualmente: “El proyecto de ley será sometido a dos debates…”, así como el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dispone:
“Segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica. La comisión especializada analizará y recogerá las observaciones efectuadas por los asambleístas en el primer debate del Pleno, al proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica por el Presidente de la República.”
Más adelante, entre otros incisos, menciona:
“Cuando en el plazo de treinta días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o el Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial.”
Asimismo, la Constitución de la República, en su artículo 424, claramente indica:
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
Con estas explicaciones básicas para los ecuatorianos, podríamos colegir si es el Ejecutivo o el Legislativo quien tiene la razón.
Además de que se está tratando, de cualquier forma, de ubicar una normativa que evite la contaminación de la economía a través del lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, que tanto daño hace a la labor de los trabajadores honrados del país.
