Carmen Tiupul ¡fue absuelta

La sentencia de dos años de privación de la libertad que fue impuesta a la dirigente indígena Carmen Tiupul por liderar las manifestaciones de octubre de 2019 en Chimborazo fue anulada. Ella está dentro del grupo de 268 indígenas y campesinos -de todo el país- que recibieron la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional. Carmen Tiupul ¡fue absuelta.

Paralización. En octubre de 2019 el Movimiento Indígena y otras agrupaciones se movilizaron para pedir la derogatoria del Decreto 883. “Fue una movilización pacífica en la que se pudo ver la solidaridad y unión de la gente”, afirma Tiupul.

Ella cuenta que en las comunidades las bases del movimiento resolvieron movilizarse hasta la ciudad para, además de reclamar por el encarecimiento de la vida, exponer las peticiones del sector indígena que se habían trabajado con varios meses de anticipación.
“Nos encontramos con más gente en la ciudad que ya estaban movilizados. No esperábamos la gran convocatoria que tuvo esa manifestación”, afirma Tiupul.

Ella cuenta que acudió a la movilización con sus hijos y familia en calidad de vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), y fue nombrada como coordinadora de la citada movilización.

Judicialización. Según Tiupul, el 14 de octubre los manifestantes -que se encontraban en el edificio de la Gobernación de Chimborazo- entregaron las instalaciones al entonces jefe político, Ramiro Pontón. “Lo hicimos con la presencia de medios de comunicación, hicimos un recorrido para que verifiquen que no habían destrozos. Nosotros teníamos incluso una comisión de limpieza que se encargó de dejar, en lo posible, todo limpio y arreglado”.

Esa misma tarde, Tiupul recibió la notificación de la demanda. Fue acusada por el delito de paralización del servicio público.
Proceso. Tras varios meses de trámites judiciales, como audiencias y pericias, en diciembre de 2021, la dirigente fue declarada culpable por la primera instancia y sentenciada a cumplir dos años de privación de su libertad, así como a pagar una reparación económica al Estado por 8.000 dólares.

En una segunda instancia los jueces del tribunal decidieron anular la primera sentencia por no respetar el debido proceso.
Amnistía. La dirigencia nacional de la Conaie tramitó la amnistía para las 66 personas judicializadas por las manifestaciones de octubre y para otros militantes que tenían procesos por ejercer la justicia indígena, protestar por el agua, entre otras.