Desayunos escolares quedaron para las ratas en Riobamba
El 24 de noviembre de 2021, servidores de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Fiscalía General del Estado e Intendencia de Policía detectaron, en dos bodegas, más de un millón de galletas caducadas y 400.000 coladas desde 2017.
Los productos, que pertenecían al Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación, se encontraban en más de 25.000 cartones almacenados en dos galpones del Parque Industrial local.
«Venimos ya más de 4 años esperando que se desocupe la bodega que pertenece a don Cristóbal Bosmediano”, dijo Mario Díaz Merino, profesional del Derecho que lo patrocina en una acción legal por un contrato de arrendamiento contra la empresa Moceprosa S.A.
Deuda por arrendamiento de bodega para desayunos escolares
Los productos, que representaron un perjuicio de más de 2 millones 500 mil dólares al Estado ecuatoriano, quedaron “inmovilizados”, mientras se investigaba a los responsables, se señaló.
Bosmediano arrendó unas bodegas a Moceprosa S.A., representada legalmente por Pablo Andrés Ramón Gaibor, donde se acumularon 25 mil cajas que contenían ‘desayunos escolares’ que el Ministerio de Educación del Gobierno de Rafael Correa, a través del Programa Aliméntate Ecuador, entregaba a los lumnos de las unidades educativas.
El propietario del inmueble y su abogado defensor presentaron denuncias ante las autoridades respectivas por cuanto no se cumplían los pagos, a más que las bodegas seguían cerradas y se convertían en foco infeccioso por la descomposición del contenido.
Lo cierto es que, al conocerse el particular, ante los medios de comunicación, autoridades de diversos entes, con sellos, impidieron que las puertas se abran, lo que acontece hasta la fecha, es decir, dos años después, lo que causa un grave perjuicio económico a su propietario.
A 167.481,67 dólares asciende la deuda por concepto de arrendamiento, lo que se conoció tras un informe pericial desprendido del juicio de inquilinato instaurado contra Monceprosa.
Bodega bloqueada por juicio en marcha por desayunos escolares caducados
«La presencia de sellos de la Fiscalía, de la Policía y de algunas instituciones impide abrir esa bodega, la que, en la actualidad, está produciendo una cantidad fabulosa de roedores que pueden ser un peligro para la sociedad”, señaló el abogado Díaz Merino.
¿Qué se hace al respecto? “Si no ha habido un problema sanitario es porque se está fumigando, cada cierto tiempo, para matar a los roedores que se han generado por lo que queda de las galletas y leches guardadas, siendo un foco infeccioso para la ciudad”, anotó.
¿Cuánto cuesta? Cuatro fumigaciones anuales tienen un valor de 1.600 dólares.
Caso de desayunos escolares caducados vinculado a peculado
Si bien en un inicio se reclamó por el pago del arriendo y los daños causados a la propiedad, luego de ejecutadas las debidas investigaciones se detectó que había un posible peculado, por lo que también tomó partido la Contraloría General del Estado (CGE), que había emitido un informe especial y daba cuenta de ello.
Ante lo anotado el fiscal que conocía al caso pidió que se tipifique como peculado, con lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Bodegas como foco infeccioso de Riobamba
“Hay que tomar en cuenta que la droga se quema con la rapidez del caso, no digamos esto, que puede ser un foco de infección para la ciudad y la provincia, para el propietario del inmueble, que es una persona de la tercera edad y que está expuesta a alguna infección, a alguna enfermedad, por lo que, como medida de precaución, ha hecho fumigar este espacio, lo que le cuesta al señor 1.600 dólares, pues vive en una casa en el mismo perímetro”, se lamentó el profesional del Derecho.
¿Y la otra parte? Según se conoce, ni se manifiesta ni paga el canon de arrendamiento. “Ninguno de ellos (accionistas de Moceprosa SA) vienen. Conocimos en la ciudad de Quito los nombres de todas las personas que son parte de esa empresa, porque vamos a seguirles la insolvencia, es un valor acumulado de 167.481,67 dólares por concepto de canon de arrendamiento, y eso tenemos que cobrarlo mediante cualquier juicio de insolvencia al representante legal y a los propietarios de esa empresa, y lo haremos”, señaló enfático Díaz Merino.
Producto de las fumigaciones para desratizar y desinfectar, se ha vuelto ya común observar a roedores muertos en las inmediaciones de la bodega contratada por Moceprosa SA, empresa representada legalmente en el contrato de arrendamiento por Pablo Andrés Ramón Gaibor. El peligro es latente, y los entes de salubridad deberían actuar.
“A este señor Pablo Andrés Ramón Gaibor se le ha perdido la pista, no se sabe en dónde está, ni nada”.
